A por lo menos $33 mil millones de pesos llegó el daño fiscal que durante 2015 detectó la Contraloría General de la República en la gestión de la Unidad Nacional de Protección –UNP, y de esta suma $17.162 millones corresponden a 8 nuevos hallazgos con esta incidencia reportados en la Actuación Especial adelantada en el segundo semestre de 2015.

En el primer semestre del año pasado se habían evidenciado en esta entidad hallazgos fiscales estimados en $15.815 millones.

En su tercera actuación de control fiscal durante el año 2015, la Contraloría General de la República concentró sus esfuerzos en investigar y cuantificar detalladamente las deficiencias detectadas en la Auditoría adelantada a la Unidad Nacional de Protección UNP para las vigencias 2012, 2013 y 2014.

La actuación especial ordenada para el segundo semestre de 2015, detectó diecisiete 17 hallazgos administrativos, de los cuales, 13 tienen presunta connotación disciplinaria y 8 presunta incidencia fiscal.

Asimismo se obtuvieron beneficios derivados del ejercicio del control fiscal por más de $364 millones, de los cuales $44 millones fueron reintegrados por el contratista.

En este nuevo ejercicio auditor, se encontraron deficiencias en el procedimiento de materialización de los desmontes de esquemas de seguridad, que no fueron formalizados de conformidad con los requisitos y protocolos establecidos.

Como resultado de las pruebas aplicadas, en 132 beneficiarios seleccionados, se evidenció una demora de entre 84 y 264 días en la ejecución del desmonte de medidas de protección tipo 1 y 2.

Se encontró que 11 beneficiarios que dejaron de ser objeto de protección, tenían asignados 11 vehículos y 9 hombres de seguridad por operador y la demora excesiva en el desmonte de los esquemas generó pagos injustificados por $611,8 millones.

Frente a la ejecución de los contratos de operadores durante las vigencias 2012-2013, las pruebas efectuadas por la Contraloría arrojaron como conclusión que existe incertidumbre respecto a la real prestación de servicios en lo relacionado a los denominados “Gastos Asociados Reembolsables”.

Esto porque pagos por $16.126 millones realizados por la Unidad no cuentan con el respaldo exigido contractualmente, a pesar de contarse con un contrato para apoyar la supervisión de tales convenios.

En lo que respecta al manejo de activos, se evaluó la ejecución del contrato No.196 de 2012, mediante el cual se enajenó parte del parque automotor a cargo de la UNP y se evidenció que se vendieron más vehículos de los previstos inicialmente, dado que 22 no contaban con resolución de baja, por lo que no eran susceptibles ni de venta ni de permuta.

Adicional a lo anterior, se estableció que el valor de los vehículos a enajenar fue fijado por el comercializador, entregando de esta forma a un particular la potestad de decidir los ingresos de la UNP, sin instancias de verificación por parte de la supervisión de la entidad. Además, el contratista incumplió la obligación de consignar íntegra y oportunamente los recursos provenientes del remate.

Tales circunstancias, junto con la autorización de realizar mantenimientos preventivos y correctivos en vehículos en proceso de baja, generaron una gestión antieconómica para la entidad por más de $229.7 millones.

Adicionalmente, al revisar los activos tecnológicos, se observaron bienes que se encuentran fuera de bodega sin responsable asignado y otros sobre los cuales la entidad no pudo determinar su existencia y ubicación, lo que configuró tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $183,8 millones.

Como resultado de un  estudio de política pública realizado a la Unidad Nacional de Protección, la Contraloría General de la República ha llegado a la conclusión de que los esquemas de protección en el país se convirtieron en la nueva vena rota de las finanzas públicas.

Así lo indican también las evaluaciones que ha realizado la CGR sobre el comportamiento presupuestal y la gestión de la UNP durante el período 2012-2014.

Al revisar el número de solicitudes de medidas de protección, la Contraloría encontró que a pesar que bajaron de 11.058 en 2012 a 9.242 en 2014, el número de esquemas y el gasto destinado para cubrirlos se incrementaron, debido al sostenimiento de los servicios aprobados y el bajo número de desinstalaciones de esquemas por cese de la amenaza, por lo que se mantiene la tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y no ha sido posible lograr una estabilización en términos presupuestales.

Pese a que el incremento en el número de esquemas prestados entre 2013 y 2014, fue de 51%, el gasto por esquema se incrementó en 85%, lo cual está explicado especialmente por el aumento en los gastos por vehículos convencionales, lo cual afecta significativamente el presupuesto de la entidad.

Además, los incrementos en gastos por concepto de hombres de protección, conductores y vehículos blindados, se encuentran muy por encima del IPC del año 2014.

Este comportamiento impide estructurar esquemas de programación presupuestal confiables, lo que ha llevado a que el presupuesto de funcionamiento de la UNP haya tenido variaciones entre vigencias, desde un 19% hasta el 68%, esta última para el periodo 2014-2015.

Concluye el estudio de la CGR que, como si no fuera  suficiente con el flujo ordinario de requerimientos evaluados por las instancias diseñadas para tal fin, los jueces constitucionales vienen profiriendo órdenes frente a las solicitudes de protección, que entre otras disponen nuevas revaluaciones, aumento en vehículos o personal, giro de recursos para desplazamientos, etc.

Tal situación crea un frente adicional que requiere financiación permanente e inmediata, creando una nueva tensión presupuestal, que solo para los primeros 4 meses de 2015 ascendió a $1.431 millones de pesos.